Preguntas frecuentes

La ley obliga a solicitarlo dentro de los dos meses siguientes a conocer, o deber conocer, que la empresa es insolvente: que ya no puede pagar con regularidad sus deudas a medida que vencen. Si prevés que no podrás pagar en los próximos tres meses (insolvencia inminente), puedes adelantarte y solicitarlo antes o negociar un plan de reestructuración.

Una señal de alarma clara es la causa de disolución: cuando las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Si el administrador no actúa a tiempo, puede acabar respondiendo con su propio patrimonio. Lo mejor es revisar el balance con un abogado concursal cuanto antes.

Nos movemos en plazos largos: alrededor de un año en el concurso ordinario. Depende mucho del juzgado y de la complejidad de la empresa.

Es muy variable: depende de si se busca la continuidad o el cierre, del tamaño de la empresa y del tipo de procedimiento. En la primera conversación, que no tiene coste, te explicamos los costes en tu caso.

Depende del juzgado, pero suele resolverse en unos 4 o 5 meses.

Es la mano derecha del juez y quien hace el seguimiento del concurso. Participa activamente y, según el caso, supervisa o sustituye a los administradores de la empresa en la gestión de su patrimonio.

El concurso es fortuito cuando la insolvencia se debe a circunstancias que no son imputables al deudor. Es culpable cuando se generó o agravó por dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores, con consecuencias para su patrimonio personal.

Es arriesgado. No solicitar el concurso en plazo cuando la empresa ya es insolvente es una de las causas por las que un concurso se califica como culpable.

Podemos solicitar el concurso igualmente, porque la ley lo permite tanto con insolvencia actual como inminente. Y si aún hay margen, puede ser el momento de un plan de reestructuración.

La reestructuración se negocia antes o al principio de la insolvencia, con la empresa funcionando y con menos intervención judicial. El concurso es un procedimiento judicial completo, con administrador concursal. Siempre que sea posible, intentamos llegar a tiempo para la primera vía.

Sí. Con la comunicación de apertura de negociaciones se suspenden durante tres meses, prorrogables otros tres, las ejecuciones sobre bienes necesarios para la actividad, con las excepciones que prevé la ley.

No. Los acreedores votan por clases y, con la homologación judicial, el plan puede extenderse a quienes votaron en contra si se cumplen los requisitos legales.

Sí, es muy recomendable. Los estatutos son públicos y rígidos; el pacto de socios es privado y permite regular con detalle situaciones que los estatutos no cubren, como la salida de un socio o el bloqueo en la toma de decisiones.

Es una revisión legal, fiscal y financiera de una empresa antes de comprarla, invertir en ella o fusionarse. Sirve para conocer sus riesgos reales y negociar el precio y las garantías con información.

Empezamos con un requerimiento formal y una negociación. Si no funciona, el procedimiento monitorio es una vía rápida para reclamar deudas de dinero documentadas. Desde 2025, en la mayoría de los casos hay que intentar antes un medio adecuado de solución de controversias.

Por regla general, no: la sociedad responde con su patrimonio. Pero hay excepciones —no disolver o no pedir el concurso a tiempo, un concurso culpable o ciertas derivaciones tributarias— en las que el administrador responde personalmente. Por eso es clave actuar a tiempo.

Dos meses para convocar la junta general que acuerde la disolución o, si la sociedad es insolvente, para solicitar el concurso de acreedores.

Depende de cuándo nacieron las deudas y de cuándo se inscribió tu cese en el Registro Mercantil. Lo analizamos en cada caso.

Con la reforma se han reducido los plazos: en los casos más sencillos, de 3 a 5 meses. Depende del juzgado y de la vía elegida.

Depende de la cuantía de la deuda y del patrimonio del deudor. Entendemos la situación de especial vulnerabilidad de cada cliente: adaptamos nuestros honorarios a su situación y, en determinados casos, ofrecemos el pago fraccionado.

Puede hacerse, pero no es recomendable. La experiencia nos dice que quien tiene varias deudas, como préstamos o microcréditos, que no le dejan vivir en condiciones, acaba pidiendo más dinero prestado, y la bola de deuda se hace cada vez más grande.

No hay un porcentaje fijado: suele superar el 80-85 %, porque depende de tus ingresos y no de la deuda en sí. En Rodian Abogados hemos conseguido quitas de hasta el 98,3 %. Sin trucos: la ley lo permite y nos avala.

No necesariamente. La insolvencia puede ser actual o inminente: no hace falta tener impagos, basta con tener la certeza de que llegarán en poco tiempo.

Totalmente. Se trata de que una persona que ha tenido mala suerte pueda rehacerse y empezar de nuevo. Cesarán las llamadas de recobro y podrás volver a solicitar créditos.

No. En la segunda oportunidad no se intervienen tus cuentas del día a día ni se bloquean tus pagos habituales, salvo que exista un riesgo evidente de ocultación de bienes, algo poco habitual.

Sí. Cuando entras en el procedimiento se crea una «esfera» de protección y no podrán llamarte ni seguir acosándote.

Gracias a la reforma concursal, la vivienda habitual se mantiene en la gran mayoría de los casos. Ojo: la hipoteca que va unida a ella también se mantiene. Pregúntanos por tu caso.

Desde abril de 2025, en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles hay que acreditar que se ha intentado un medio adecuado de solución de controversias. La mediación es uno de ellos, pero también vale, por ejemplo, la negociación directa entre abogados.

Sí. El acuerdo alcanzado en mediación tiene fuerza vinculante y, si se eleva a escritura pública o se homologa judicialmente, puede ejecutarse como una sentencia.

Toda la documentación que pruebe la deuda: contrato, facturas, albaranes, correos o mensajes. Con ella valoramos la vía más rápida, como el procedimiento monitorio.