La Audiencia Provincial concede la Ley de Segunda Oportunidad que un juez denegó

Un juez le deniega la segunda oportunidad por deudas «temerarias», pero la Audiencia de Zaragoza se la concede. Una zaragozana que había encadenado créditos al consumo por 28.000 euros, que no pudo devolver, consigue liberarse de ellos tras recurrir la decisión, por la diferencia de criterio entre ambos tribunales.

La Audiencia Provincial de Zaragoza le ha dado la razón y le ha concedido el perdón de las deudas que arrastraba de varios créditos al consumo y que le había denegado un juzgado de lo Mercantil de la capital aragonesa. No había obtenido la llamada segunda oportunidad porque el juez entendió que se había endeudado de forma «temeraria», ya que no vio justificación en la contratación de tantos préstamos. La decisión fue recurrida y ahora ha logrado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), que la libera de tener que devolver el dinero.

La consumidora solicitó un concurso de acreedores de persona física porque no podía pagar los cerca de 28.000 euros que había acumulado en más de media docena de préstamos. El concurso se admitió en enero de 2023 como un concurso «sin masa», ya que ella no tenía ningún bien con el que responder. El siguiente paso fue solicitar la aplicación de la segunda oportunidad.

La deudora explicó en el proceso que había pedido los créditos para atender sus gastos personales, los de su hija y los de su madre de avanzada edad, a la que cuidaba. Después se vio obligada a solicitar más dinero para pagar las cuotas de los créditos anteriores, a la espera de encontrar trabajo, que no consiguió. Esto la llevó a la situación de sobreendeudamiento.

«Ausencia de control del gasto»

El juzgado de lo Mercantil n.º 1, en su sentencia 161/2023, de 13 de noviembre, había reconocido que la segunda oportunidad tiene como fundamento que una persona física, «a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer».

En el auto que debía resolver si la concedía o no, precisó que «la segunda oportunidad debe limitarse a aquellos supuestos en que el endeudamiento ha sido responsable, ajustado a las circunstancias del deudor» y que deben ser circunstancias «inesperadas e imprevisibles» las que hayan llevado a no poder atender las deudas: una «pérdida o disminución significativa e imprevista de ingresos» o la aparición de «necesidades excepcionales de gasto que no se pueden atender con el nivel de ingresos existentes».

En este caso, el juez valoró que se había producido un «endeudamiento temerario», una de las situaciones en las que se deniega el perdón de las deudas. No vio acreditada «ninguna circunstancia excepcional que haya impedido el cumplimiento regular de las obligaciones ni la especial necesidad de concertar los bienes y servicios abonados con los créditos», apreció una «ausencia absoluta de control sobre el gasto y sobre la documentación del mismo» y consideró que la información aportada fue «incompleta e insuficiente».

El juez constató «una pluralidad de préstamos y créditos al consumo por importe final adeudado aproximado de 28.000 euros», con unos ingresos que rondaban los 14.000 euros al año, y destacó que no se aportó «factura alguna que justifique gastos necesarios extraordinarios». Concluyó que no cabía conceder la segunda oportunidad porque no vio justificado que contrajera nuevas deudas: «no pueden estar contratándose de forma sucesiva los mismos, causando, sin justificación, un endeudamiento que duplica los ingresos anuales».

Pese al silencio de los acreedores

La deudora recurrió y ha obtenido una respuesta favorable de la Audiencia Provincial, con la sentencia 31/2024, de 12 de enero, de la sección 5.ª. La nueva resolución pone de manifiesto la diferencia de criterio entre los jueces de primera instancia y el tribunal provincial.

La abogada de la concursada argumentó que el juez de lo Mercantil «se excedió en su verificación de oficio de los parámetros sobre el endeudamiento temerario o irresponsable», ya que ningún acreedor se había opuesto. El juez había contestado que la reforma de la ley concursal (artículo 502) le permite «verificar la concurrencia de los requisitos y presupuestos para la concesión de la exoneración» y que «el silencio de los acreedores no libera al juzgador de su obligación».

La Audiencia coincide en que el juez no solo verifica la buena fe, sino que debe valorar la conducta pasada del deudor. No obstante, añade que acreditar un posible endeudamiento temerario o negligente «corre ordinariamente a cargo del opositor» a la exoneración, y recuerda que las entidades de crédito ya están obligadas a «evaluar la capacidad del cliente para cumplir las obligaciones que contraiga con la entidad» antes de concederle un crédito.

«Partiendo de una presunción de buena fe en el actuar del deudor», la Audiencia considera que esta se mantiene y que se trata de créditos de consumo para atenciones privadas «que no consta hayan sido solicitados y obtenidos de forma negligente o temeraria». Por tanto, acuerda conceder el perdón de los casi 28.000 euros de deuda, salvo 1.000 euros de deudas tributarias con el Ayuntamiento de Zaragoza que la ley no permite perdonar por ser una deuda con una administración local.

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